lunes, 14 de mayo de 2018

Protección de la infancia: ¿derechos de quién?

Escultura de niño con su juguete e
exterior Tate Modern, London 
(@NFustier, 2008)

Reflexionando sobre la protección a la infancia: desde su encaje en el sistema de bienestar al concepto mismo de protección.

En las últimas semanas, a raíz de la llamada "sentencia de la Manada", además de movilizaciones y una cantidad ingente de artículos sobre los hechos y sobre la propia sentencia, han salido a la luz otras situaciones que han sido juzgadas y que han tenido finales, como mínimo, decepcionantes desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas.

No voy a abordar aquí los delitos sexuales en general, pero sí que quiero reflexionar en relación a noticias que se han publicado que tienen como víctimas a menores y de ahí vincularlo con el sistema de protección de la infancia y la adolescencia.

Hace ya algún tiempo que vengo reflexionando sobre el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se trata de la aplicación del principio del “interés superior del menor”, tanto en ámbitos administrativos como judiciales.

La protección jurídica del menor está regulada, en España. Mediante la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, que modificó tanto el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento Civil; esta ley fue reformada en 2015 para introducir algunos elementos que debían ser modificados en función de diversos instrumentos internacionales (ver el preámbulo de la Ley 26/2015 aquí). Esta ley recoge, de manera genérica, los derechos reconocidos en los tratados internacionales y establece el procedimiento y los criterios para la protección de los menores; después entraré a comentar los derechos recogidos en esta norma, pero de entrada no deja de sorprender que a lo largo de toda la norma no haya una definición clara de cuál es la administración competente para la protección de la infancia y la adolescencia y siempre se refiera a la “entidad pública competente en materia de protección de infancia”. Y lo señalo por el hecho que, por norma general, este sistema está vinculado al de los Servicios Sociales y pienso que deberíamos reflexionar sobre cómo debería ser este vínculo. A partir de aquí, las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de servicios sociales y, de ahí, se incluye el sistema de protección de infancia y adolescencia; como no conozco en profundidad otros sistemas me referiré al de Catalunya.

Tanto la ley general (orgánica) como la ley catalana (Ley de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia, podéis encontrarla aquí) adolecen, desde mi punto de vista, del mismo problema: enfocan el sistema de protección de la infancia y la adolescencia solo frente a su entorno familiar directo. Intento explicarme: la definición que hacen ambas normas del riesgo y del desamparo, prácticamente idénticas (lógicamente), son muy generales y aunque inicialmente no se refieren a un ámbito de la vida de niñas, niños y adolescentes (definen riesgo como la situación en la que el menor se ve perjudicado en su desarrollo personal, familiar social o educativo) después lo restringen cuando la definición de riesgo se distingue de la de desamparo añadiendo siempre que no sea necesario declarar el desamparo (o sea, la separación del núcleo familiar, como concreta la ley catalana). Así pues, parece que la protección sólo actúa frente al núcleo familiar y, en concreto, frente a los adultos que tienen asignada la patria potestad o la guarda.

Visto esto, parece que no hay un sistema específico para abordar aquellas situaciones en las que los derechos de niñas, niños y adolescentes se ven vulnerados por otros actores, debiendo recurrir al sistema general de justicia, al que sería de aplicación el artículo 2 de la Ley Orgánica: Interés Superior del Menor. Pero eso no sería grave si no estuviésemos viendo cómo se aplica (o, mejor dicho, cómo no se aplica) este principio. Así, sentencias como la que rebajan el tipo penal de agresión a abuso sexual de un hombre respecto de su vecina de 5 años porque no “opuso resistencia” (ver) muestran que el interés superior del menor parece ser un principio que, aún contemplado en una ley orgánica es olvidado por algunos.

Por otra parte, la incardinación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia en el sistema de servicios sociales genera, desde mi punto de vista, una cierta dejación por parte de los otros sistemas (educación, salud); no quiero decir que se despreocupen sino que, a menudo, se considera que con “comunicarlo a los Servicios Sociales Básicos” ya han cumplido con su cometido y, desconozco en otros lugares, pero en Catalunya sé de las dificultades para obtener informes por escrito de lo observado por algunos de estos sistemas. 

Niños jugando en el Battery Park de New York
 (Foto: @NFustier, 2007)
Pero, además, esta incardinación pone siempre a l@s profesionales de Servicios Sociales en el ojo del huracán cuando sucede cualquier eventualidad en relación a niñas, niños y adolescentes: tanto por exceso como por defecto de intervención. Por no hablar de ese mantra repetido, especialmente desde esta última crisis, de “no acuden a los servicios sociales a pedir ayuda por su grave situación económica porqué les quitarán a los niños”; personalmente desconozco si se dan en realidad estos casos que, por otra parte de vez en cuando, aparecen en la prensa, pero en todo caso irían en contra de la Ley orgánica que especifica: “La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de desamparo” (art. 18.2.seg, LO 1/1996).

Pero mi reflexión tiene que ver con la concepción del sistema de protección de la infancia y la adolescencia: los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño (1989 – 1990) son de carácter general y, aunque reconocen la responsabilidad de los progenitores (o tutores o guardadores), también reconocen la necesidad de protección cuando la niña, niño o adolescente esté al cargo de cualquier otra persona; así como el compromiso de protección por parte de los Estados frente a todo tipo de situaciones perjudiciales (desde el consumo de tóxicos a los abusos sexuales o la explotación infantil). Pero, en nuestra legislación, supuestamente adaptada a la Convención (como explícitamente reconocen los preámbulos de las leyes), ¿dónde queda la protección frente a vulneraciones en las que no participan los progenitores, tutores o guardadores? ¿Cómo se puede tener un sistema de protección de la infancia y la adolescencia que queda fuera de juego ante situaciones como el acoso escolar, el ciberacoso o cualquier otra forma de violencia ejercida por iguales o por adultos que no son sus progenitores? 

Ciertamente se habla mucho de estos temas, pero encuentro a faltar actuaciones decididas: ¿debemos replantear el papel del sistema de protección de la infancia y la adolescencia para hacerlo más integral? ¿Qué vínculo debe tener con los Servicios Sociales? ¿Cómo se garantiza que influya realmente en los otros sistemas?

Quizás demasiadas preguntas por responder…

martes, 20 de marzo de 2018

¿Qué pasaría si no intentásemos inventarlo todo?



Plaza de las 3 culturas en Ciudad de México (Fotografía: @NFustier, 2017)
Un ejemplo de construcción a partir de antecesores

La visibilidad del Trabajo Social como profesión y disciplina pasa por construir a partir del conocimiento y las experiencias preexistentes. Necesitamos innovar y evolucionar, pero no es necesario inventar lo que ya existe.


Mi entrada de hoy coincide con el Día Mundial del Trabajo Social, una fecha que "conmemora el compromiso, la contribución y la labor" de las y los trabajadoras/es sociales (como refleja la web del CGTS). Es, pues, un día para el reconocimiento de la profesión, aunque el hecho de no tener un día fijo me genera ciertas dudas, sobre todo porque entre las y los TS no acabamos de tener muy claro el día concreto, en determinados contextos esto de escoger "el tercer martes de marzo" me parece que nos cuesta un poco (aquí J. Miguel Calvillo intenta explicar el porqué de esta movilidad).

Pero no voy a hablar de la movilidad del Día Mundial del Trabajo Social (ni del cartel que ha diseñado la FITS, que ya hay críticas suficientes que comparto, la de Israel Hergón, aquí, por ejemplo, y algunas más en Facebook).

Mi intención es hablar de la visibilidad del Trabajo Social, que debería ser uno de los objetivos del Día Mundial del Trabajo Social y me pregunto si estamos trabajando realmente para hacerlo visible o, pese a la buena voluntad, nuestras prácticas nos llevan a reproducir el mito de Sísifo, repitiendo una tarea sin fin.

Los menores no acompañados
Imagen de la convocatoria del IV Coloquio de la
Comisión de Infancia y Famílias
Para muestra, un ejemplo, hace unos días me llegó al correo el anuncio que veis:  una actividad organizada por una comisión del Colegio de Trabajo Social de Catalunya. El título era el siguiente: "IV Coloquio "Los menores no acompañados, ¿Una nueva realidad?" Y, lo reconozco, se me cruzaron un poco los cables y me empecé a preguntar si entre las dificultades para visibilizar la profesión no estará también el hecho que tendemos a querer inventar lo inventado en vez de sumar y crecer. Es decir, que somos un poco Sísifo, y sin el castigo de los dioses, nos repetimos minimizando u olvidando lo que otros y otras, antes que nosotras, hicieron. Así es francamente difícil crecer y desarrollarse, ni individual ni colectivamente.

En este caso concreto, el quid de la cuestión no está en la primera parte del tema sino en la coletilla: "¿una nueva realidad?". En serio, ¿a quién se le ha ocurrido el título?, ¿cuál era su pretensión? Una simple búsqueda en Google de "menors estrangers indocumentats no acompanyats"(1) nos muestra 703 resultados (sé que Google puede lanzar miles de resultados para un término cualquiera, pero no está mal) y las referencias se remontan a artículos y estudios de principios de los años 2000. Entre esas referencias hay un estudio que analizó la situación de los menores llegados a Catalunya entre 1998 y el 2002 y se identifica que esta "nueva realidad" se empezó a detectar a principios de la década de los 90 pero que fue en 1997 cuando hubo un incremento significativo de menores (ver aquí una síntesis del estudio de 2003 y aquí un artículo de 2007). 

Es decir, que hace 20 años que llegan menores no acompañados de distintos países y seguimos teniendo dificultades para afrontar sus necesidades, con lo que, en mi opinión, habría sido más constructivo plantearse: ¿qué podemos hacer por ellos? ¿por qué seguimos buscando respuestas después de 20 años? ¿qué podemos mejorar de los que hemos hecho hasta ahora? ¿qué alternativas podemos ofrecerles?... Y así, otras opciones que reconozcan lo que han hecho cientos de profesionales con anterioridad. También quiero destacar que entre las primeras referencias de las 703 (no las he mirado todas) no he encontrado ni una evaluación de la respuesta del sistema de protección frente a estos chicos y chicas. 

Pero, voy más allá, resulta que el fenómeno de los menores no acompañados no es una especificidad de Catalunya (o de España), resulta que es un fenómeno mundial que viven muchos países que están en los caminos de las migraciones; así, por ejemplo, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de México explicaba (2) que hay, anualmente, alrededor de 100.000 menores no acompañados que intentan cruzar el país desde países del sur hacia los USA. Obviamente, no se trata de un fenómeno "nuevo" ni "local".

Y este detalle, esa convocatoria en la que un fenómeno con una trayectoria de 20 años es catalogada como "nueva", que puede haber pasado desapercibido para muchas profesionales, no deja de mostrar esa necesidad de "descubrir" fenómenos nuevos, como si los descubrimientos nos dieran un mayor prestigio ante la ciudadanía o ante otras disciplinas. 

Y tengo la misma sensación cuando oigo hablar de la "pobreza energética" o de la "pobreza alimentaria": cuando empecé en el trabajo social, hace ya algunas décadas, había muchas personas que no podían pagar los suministros de la vivienda, muchas personas que no podían hacer frente a todos los gastos de subsistencia (vivienda o comida) y muchas personas que perdían su vivienda… Ahora, en cambio, todo tiene nombre y apellidos y parece que no sucedió jamás antes de la Gran Recesión, la crisis iniciada hacia el 2007 - 2008.

Desde mi perspectiva, para crecer como profesión y como disciplina, deberíamos ser capaces de reconocer lo que se ha estudiado, diseñado y trabajado con anterioridad; debemos podemos analizarlo, criticarlo, reinventarlo, pero siempre partiendo de lo ya elaborado, porque es la única manera de crecer: construir conocimiento compartido, aprovechar las experiencias, los tanteos, los errores; no deberíamos tener miedo a descubrir que aquella idea que nos parece genial resulta que otras la tuvieron antes, porque partiendo de ese reconocimiento podremos ir más lejos. 

Recordemos: lo de Sísifo era un castigo de los dioses y nosotras no estamos afectadas por semejante venganza: avancemos a partir de lo que hicieron las que nos precedieron, reconozcamos su valor.


(1) "Menors estrangers indocumentats no acompanyats" o MEINA fue el primer nombre que se asignó a este colectivo de adolescentes que empezaron a aparecer por nuestras ciudades a finales de los 90.
(2) Datos aportados en una sesión de trabajo en noviembre 2017.

lunes, 19 de febrero de 2018

¿Profesionalizamos la relación de ayuda?

Barco "Mama Linh" en la Bahía de Nha Trang (Vietnam, 2001). Los artistas de la foto eran, a la vez, animadores, marineros, cocineros y baristas en el floating-bar: un modelo de polivalencia y voluntarismo total (Foto: Núria Fustier)

El voluntarismo es un valor, pero en determinadas situaciones las personas requieren que sean profesionales formadas y expertas quienes les proporcionen apoyo y ayuda.


Aportaciones de compañer@s blogueros han abordado el tema de la intervención profesional, desde distintas perspectivas: de "hacer trabajo social" como lo llama Belén Navarro en una de sus últimas entradas (aquí) o de la "relación de ayuda", como lo denominaba Pedro Celiméndiz hace ya algún tiempo (link) y ello me lleva a reflexionar sobre la valoración de la relación de ayuda y su profesionalización.

Reflexionaba Belén sobre la capacitación para "hacer trabajo social", sobre la adquisición de competencias más allá de la formación inicial en la universidad. Y Pedro aborda un tema muy relacionado con hacer trabajo social, en concreto con hacer trabajo social desde Servicios Sociales. Se refería a esa disyuntiva en la que están los servicios sociales en cuanto a definir su objeto y la función principal: la relación de ayuda o la gestión de prestaciones, y lo que ello significa.

Soy de las que aboga por centrar la función de los servicios sociales en la relación de ayuda, porque esa función es la que requiere realmente de una actividad profesional. Desde mi perspectiva, el desarrollo de los servicios sociales, incluso diría: su supervivencia, tiene que ver con la capacidad que tengamos l@s profesionales de generar un conocimiento experto a la par que desarrollar las habilidades, capacidades y técnicas que nos permitan la relación de ayuda.

Una situación habitual a lo largo de la práctica profesional, también compartida por otr@s compañer@s, es aquella en la que prácticamente cualquier persona (desde l@s propi@s responsables políticos, que no suelen tener formación en ninguna de las profesiones de los servicios sociales, a entidades, asociaciones y plataformas diversas) se permite el lujo de afirmar que l@s profesionales realizan su trabajo incorrectamente, se permiten corregir, indicar y sancionar qué deberíamos hacer l@s profesionales.

Puedo comprender que la gente considere que un sistema no funciona correctamente, que no da respuesta a todas las necesidades que tiene una determinada población; lo que ya no comparto es que la denuncia se centre en los profesionales y en los sistemas. Llevamos años viendo movilizaciones por la sanidad pública, reivindicando mayores recursos: ¿porqué nunca vemos esas mismas movilizaciones a favor de los servicios sociales y de otras políticas públicas? O, incluso cuando existen, ¿porqué van acompañadas de cuestionamientos a l@s profesionales ninguneando su trabajo?

Pienso que el tema está en el concepto "relación de ayuda": la "ayuda" es un concepto común, todo el mundo ayuda: en casa, a vecin@s, a compañer@s de trabajo, a desconocid@s en la calle… Pero una cosa es esa ayuda, general, no especializada, propia de la solidaridad y del cuidado entre iguales, de una ayuda profesional, experta.

Quizás no es sólo un tema de lenguaje, probablemente sólo es un elemento más, pero pienso que tiene que ver, en parte, con la desvalorización de la relación profesional de ayuda, que es vista como algo que cualquiera puede hacer y no se reconoce la diferencia con la ayuda profesional. 

Otras profesiones han optado por utilizar, desde inicio, un lenguaje que las diferencie de las actividades que las personas podemos realizar en nuestro ámbito privado, pero desde los servicios sociales y desde las profesiones que conforman en sistema hemos tenido una cierta alergia, por llamarlo de alguna manera, al uso de algunas palabras que nos parece que nos llevan a otras profesiones: diagnóstico, terapéutico… Olvidándonos, al parecer, del origen de las palabras ("conocer a través de" en el caso de diagnóstico o "tratamiento" para terapéutico) y de su uso por las más variadas profesiones y oficios. 

Insisto que la palabra no lo hace todo, pero contribuye a crear una imagen, un relato. Dice Burr (1997, p. 18) que "el lenguaje no puede ser únicamente un medio de expresión. […] hablar equivale a construir el mundo, y hacer uso del lenguaje puede considerarse, consecuentemente, como una forma de acción." Es lo que el construccionismo social ha llamado la "función 'agente' del lenguaje", la capacidad del lenguaje de construir, no solo de representar.

Pero, volviendo a la propuesta de Belén, no nos olvidemos de desarrollar el marco teórico y tecnológico (entendido como la aplicación de la teoría a la práctica) para sustentar ese lenguaje propio: un lenguaje especializado ha de servir para mejorar la manera de hacer trabajo social (o educación social, en su caso), para diferenciar la especificidad de la ayuda de l@s profesionales de la del resto, al mismo tiempo que ha de permitir la relación con las personas, la relación de ayuda sin crear distancias artificiosas (vaya, que las personas nos han de entender, por decirlo claro). Porque solo el uso de un lenguaje sin fundamentarlo, sin desarrollarlo, solo por diferenciarnos no nos va a hacer mejores profesionales.

Así pues, reivindiquemos nuestra función terapéutica en el marco de los servicios sociales: nuestra aportación como profesionales con nuestros saberes y nuestras técnicas acompañando a las personas en su camino. Y revaloricemos, desde nosotr@s mismas ese rol de ayuda profesional: desarrollándolo, creciendo.



Bibliografía:
Burr, V (1997). Introducció al construccionisme social. Barcelona: Edicions Proa


miércoles, 31 de enero de 2018

Financiación finalista de servicios sociales: ¿ayuda u obstáculo?

Desde los años 80, ya con las primeras leyes de Servicios Sociales, se estableció que los servicios sociales básicos, locales, se financiarían con aportaciones de las comunidades autónomas y del Plan Concertado. Más de 30 años después, ¿no deberíamos plantearnos los efectos más allá del monetario?


La semana pasada se celebró la Jornada anual del Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials (ver aquí). Qué lejano parece el año 2001 en el que un grupo de municipios nos lanzábamos, bajo el paraguas de la Diputación de Barcelona y con su apoyo, a la aventura de intentar medir la acción de los servicios sociales. El proyecto de Cercles (que es como lo conocemos quienes hemos participado en un momento u otro) ha sido un espacio de aprendizaje muy potente, no sólo por el esfuerzo conjunto de intentar medir la acción de los servicios sociales, que también implica definir qué deben hacer (para saber qué se debe medir) y a quién se deben dirigir (para conocer los impactos), sino porque, como la mayoría de actividades grupales, el intercambio con personas que trabajan en tu mismo ámbito pero en otros contextos, por parecidos que sean, siempre es enriquecedor.

Lejos quedan las primeras tentativas de elaborar indicadores que nos permitieran demostrar, en nuestras propias organizaciones, que los servicios sociales eran (y son) un servicio importante para la ciudadanía, un servicio que no “gasta” sino que invierte en cohesión social. Sin duda, uno de los principales problemas que enfrentamos fue intentar definir indicadores de resultado de la actividad propia de los servicios sociales; la amplitud de la definición y de las funciones dificulta enormemente acotar indicadores medibles que permitan ver el impacto de la intervención social, sin contar que el origen estructural de la mayoría de las situaciones atendidas tampoco facilita delimitar qué resultados pueden ser atribuidos a una acción parcial. Pese a todas las dificultades la experiencia subsiste y ha crecido en todos los aspectos: en el número de participantes y de indicadores, pero, sobre todo, señalaría la calidad de los indicadores y del análisis.

Mi intención en esta entrada es aprovechar la presentación de los resultados de los indicadores sobre los Servicios Sociales Básicos para reflexionar sobre esa concepción de considerar los servicios sociales un gasto. Así pues, no entraré a comentar el informe de resultados de Servicios Sociales (que podéis encontrar aquí) sino centrarme en unos datos que se presentan en la Jornada y que compara algunos indicadores comunes de distintos servicios locales (en la actualidad hay 18 Círculos para otros tantos servicios municipales; en este link podéis encontrar los informes generales anuales con los principales resultados de todos los Círculos).

Entre los indicadores comunes encontramos dos de carácter económico que nos pueden servir: el gasto anual por habitante en los distintos servicios locales y las fuentes de financiación.
La distribución presupuestaria es una manera de identificar la orientación de las políticas, tanto a nivel local como en otros niveles de gobierno. Ciertamente, en los municipios, una determinada estructura de gasto no se explica sólo por un factor (la voluntad de los representantes políticos, por ejemplo) sino que influyen otros elementos; aun así, nos puede ofrecer una idea de cuáles son las prioridades del mundo local.

En el gráfico que veis a continuación (1) aparecen los resultados de los servicios que más gasto corriente por habitante concentran, desde 2009 a 2016. Para facilitar la identificación, los Servicios Sociales están destacados en color azul. Servicios Sociales se mantiene en 4º puesto hasta que, en 2014, se creó el Círculo de Cultura que le hizo retroceder un puesto.


Elaboración propia a partir de datos de los Informes Generales.

Con los datos en la mano podemos ver:
  • Los Servicios Sociales son los servicios municipales que más han aumentado su gasto por habitante, aunque el despegue no llega hasta 2015, cuando finalmente se superan la barrera de los 50 € anuales por habitante.
  • La diferencia entre el servicio que dispone de mayores recursos, policía local, y los servicios sociales se ha ido reduciendo, así mientras que en 2009 los servicios sociales representaban poco más de la mitad del gasto en policía, en 2016 alcanzan casi el 75%.
  • Se observa que hubo una cierta curva en la mayoría de los servicios: un aumento hasta 2011, un descenso hasta 2014 y, a partir de este momento, no hay una tendencia única, sino que algunos servicios se incrementan mientras otros se estabilizan (policía) o disminuyen (cultura).

El otro indicador de carácter económico es el que refleja la estructura de financiación de los distintos servicios; se consideran tres fuentes de financiación: fondos propios, tasas y precios públicos y transferencias finalistas de otras administraciones. En la tabla siguiente se refleja la principal fuente de financiación para cada uno de los servicios que mayor gasto corriente por habitante tienen y el porcentaje que representa esta principal fuente: 

Elaboración propia a partir de Informes Generales. Código de color: Fondos propios - salmón; Tasas y precios públicos - azul

Entre los cinco servicios que presentan un mayor gasto por habitante, tres se financian principalmente mediante fondos propios y los otros dos mediante tasas y precios públicos. 

Veamos los servicios cuya principal fuente son los fondos propios: policía local, cultura y servicios sociales. En el caso de la policía, los fondos propios se complementan con tasas y precios públicos; en el caso de cultura, mediante ingresos de otras administraciones y tasas y precios públicos; y, finalmente, servicios sociales complementa la financiación con ingresos de otras administraciones. La principal diferencia es que en los Servicios Sociales su financiación externa finalista se mueve en torno al 45% en la mayoría de ejercicios.

Si observamos los dos datos conjuntamente, podemos ver que el incremento en el gasto por habitante coincide con un incremento en el esfuerzo del municipio en destinar fondos propios y que ha sido durante los años en los que la crisis se manifestaba más profunda que han mantenido los incrementos; es decir que se podría decir que han sido las administraciones locales, los municipios, los que han sustentado la respuesta a la crisis, pese a las limitaciones derivadas de sus competencias (en eso coinciden estos resultados con los presentados, a nivel general en el Índice DEC de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales).

Hemos visto, especialmente en estos últimos años, y el Índice DEC nos lo recuerda, que el crecimiento de los Servicios Sociales es muy limitado y que sigue siendo una política social poco dotada para cubrir todas las necesidades que se les atribuyen. Ahí es cuando me planteo si este sistema de financiación es el más adecuado o contribuye a que los Servicios Sociales sigan siendo una especie de outsider dentro de las propias administraciones.

Actualmente, los servicios sociales básicos son financiados por las Comunidades Autónomas y el casi extinto Plan Concertado (2); así, a menudo, en la práctica de la gestión me he encontrado (y no soy la única) con limitaciones al crecimiento de los Servicios Sociales sobre la base de la financiación finalista: es decir, no en función de las necesidades reales, sino vinculado a la existencia de estos fondos externos finalistas. Y esto es especialmente grave cuando se refiere a la dotación de personal que, no lo olvidemos, es el principal activo de los Servicios Sociales.

Así, me pregunto si esta financiación externa finalista ha sido una especie de regalo envenenado o realmente juega un papel positivo. Vaya por delante que toda la financiación pública de los servicios sociales me parece relevante y necesaria; además entiendo que en el momento en que se planteó la financiación finalista se debía construir el Sistema prácticamente de 0 y era imprescindible apoyar financieramente a las administraciones locales para que destinaran fondos a ello. 

Pero, después de 30 años, ¿realmente este es el sistema que debería funcionar? Mi impresión, después de muchos años en la gestión de los servicios sociales, es que esa financiación finalista ha llevado a que los servicios centrales, más administrativos, de los municipios (desde la intervención a los recursos humanos) vean a los servicios sociales como un ente extraño, ajeno a la organización municipal, que se desarrolla porque hay una normativa que lo dice, pero, sobre todo, porque hay una financiación específica. Supongo que, además, el hecho que en municipios de un cierto tamaño sean de los pocos servicios que están descentralizados, por tanto, desubicados del núcleo central del ayuntamiento también contribuye a esa imagen de servicio ajeno.

Los datos que aparecen en el gráfico y en la tabla que antes he comentado muestran claramente que los municipios asumen como propios servicios que les corresponden, como competencias, y los dotan de acuerdo con sus posibilidades, incluso cuando la financiación se hace a cargo de los fondos propios, lo cual es coherente con las competencias propias, puesto que los municipios reciben (o deberían recibir) financiación para cubrir todos los servicios sobre los que tienen competencias. 

Me consta que todos los servicios necesitarían más medios, cualquiera que haya participado en la elaboración de presupuestos lo sabe, pero en el único caso que me encontré con la vinculación del crecimiento en el gasto a un incremento de ingresos fue en el de servicios sociales, hablando siempre de servicios estables y obligatorios (no incluimos las inversiones). 

En ese sentido me planteo, y planteo a quien quiera sumarse a debatir, si disponer de una financiación específica es una ayuda a la consolidación o debería haber sido una medida provisional en el período de construcción del sistema. Para finalizar pongo un ejemplo: en el año 2017 se anunció en Catalunya que el contrato – programa (formato por el que se regula la financiación de los servicios sociales básicos) incluirían, por primera vez, la figura de los administrativos para estos servicios; pues bien, he conocido bastantes municipios que incorporarán esta figura ahora. ¿A quién se le ocurre que en la administración los administrativos se asignen a un servicio sólo si vienen financiados externamente? Es una especie de contrasentido, máxime cuando el nivel de formalización de los trámites se ha ido incrementando constantemente y la fiscalización de parte de la actividad requiere de procesos administrativos específicos. 

En resumen, ahí queda la pregunta ¿regalo envenenado o una fórmula que debió ser temporal y de tanto usarla se nos gastó?

NOTAS:
(1) Los datos se han extraído de los informes anuales que se pueden encontrar en esta página con la excepción de los resultados del año 2016 que aparecen en la presentación de la Jornada Anual que podéis encontrar en este link
(2) Destinar menos de 27,5 millones de euros para todos los servicios sociales de corporaciones locales de España en 2016 es, de alguna manera, un camino a la extinción.

jueves, 18 de enero de 2018

Un enfoque de los derechos humanos para las políticas sociales: ¿que podría aportar?

Boston Irish Famine Memorial (N. Fustier, 2010)

Esta entrada surge de la confluencia de varios factores: los reflexiones de colegas sobre la protección de las personas mayores, sobre el asistencialismo disfrazado de solidaridad que caracteriza determinadas épocas del año y, también, por mi participación en un proyecto que me ha permitido conocer el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de México.


A finales de este año se cumplirán 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; a lo largo de estas décadas se han ido aprobando convenciones internacionales que se centran en derechos de algún grupo de población o en alguna situación concreta: sobre los Refugiados (1951), para eliminar la Discriminación Racial (1966), para eliminar la discriminación contra la mujer (1975), sobre los Derechos de los Niños (1989), para la protección de trabajadores migratorios y sus familias (1990), sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). Según la Constitución Española, las normas internacionales, una vez firmadas y ratificadas, pasan a ser el patrón bajo el que se interpreten los derechos fundamentales y las libertades (artículo 10.2, CE).
Y, aunque lo parezca, no voy a entrar a valorar aspectos de política general, sino que quiero reflexionar sobre los derechos humanos en tanto que marco en el que desarrollar las políticas sociales.

En estas últimas semanas se han escrito diversas entradas a blogs relacionadas, de una manera u otra, con la deriva asistencialista que han ido tomando los servicios sociales y a ellas se les debería añadir noticias que van apareciendo sobre el acceso (limitado) a la sanidad, el futuro de las pensiones, etc.
La idea de esta entrada me surge a raíz de una experiencia concreta, en el pasado mes de noviembre participé en un proyecto con el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de México e hice una inmersión importante. Cuando preparaba el viaje y empecé a leer los documentos vi que en México habían aprobado, en diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, por abreviar) y observé que esta ley es una aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la ONU: por una parte, el reconocimiento de los derechos allí recogido y, por la otra, la disposición de medidas para garantizar que las niñas, niños y adolescentes los puedan disfrutar.
Eché una vista a nuestra regulación y, sorpresa, sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, a nivel estatal, está regulado el sistema de protección en el marco del Código Civil y la normativa procesal (ver). En Catalunya, en 2010, se aprobó la Ley de los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia (ver aquí en versión castellana) en la que se dedica un Título entero a los derechos (civiles y políticos, en el ámbito familiar, de bienestar material y personal, de salud, de educación, en el ámbito social, en el medio ambiente y espacio urbano, en la educación en tiempo libre y la práctica deportiva, en la publicidad y medios de comunicación y en el consumo de productos y servicios) pero, una vez más, la parte sustantiva se dedica a la protección.

No es que piense que no es necesaria la protección, obviamente es imprescindible articular medidas cuando los derechos de las niñas, niños y adolescentes son vulnerados; lo que si sucede es que la ley tiene como dos enfoques distintos: en la parte de enunciado de derechos estaríamos ante una visión garantista general, que reconoce a la infancia y la adolescencia una serie de derechos que, por otra parte, emanan de la Convención y, por la otra, una nueva versión de una ley muy antigua: cuando habla de prevención y protección se centra en la casuística y no se vincula directamente con los derechos anteriormente enunciados.

Ahí quería llegar, en la práctica de la atención a la infancia y la adolescencia (y sería aplicable en otras circunstancias) hay un olvido generalizado a los derechos: no hay correlación entre los derechos que se dice reconocer y las acciones que se impulsan desde las políticas sociales, que quedan limitadas a determinadas situaciones, pero, incluso diría más, no solo no hay una vinculación estrecha, sino que ni siquiera hay un discurso de los derechos en esa práctica. 

Vuelvo a la experiencia mexicana, una de las cosas que más me sorprendió fue que todas las personas con las que hablamos (y fueron muchas) todas tenían un relato muy claro sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes: sus objetivos estratégicos están vinculados con la protección de esos derechos. Es posible, porque las cosas no se cambian solo con el lenguaje, que buena parte de las acciones que se desarrollan desde las distintas áreas sean muy parecidas a nuestras prácticas, pero el reconocimiento de estar incidiendo en los derechos me parece un relato muy potente. Pongo un ejemplo: en los casos de protección de infancia (según nuestra nomenclatura) o protección especial (según la suya), es decir, los casos de riesgo o desamparo (esos que sí tenemos regulados) los planes de actuación, como mínimo en Catalunya, reciben el nombre de “Planes de Mejora”, en México se les llama “Planes de Restitución de Derechos”. Insisto, quizás la práctica no difiere, pero el poder de una u otra nomenclatura sí que me parece significativo: “no vamos solo a mejorar, vamos a restituir los derechos”.

Este ejemplo me dio que pensar, porque como bien recoge Belén Navarro en su entrada “La protección, también judicial, de las personas mayores” (aquí) esta situación de dispersión en la protección de los derechos no se produce solo en la infancia, sino también en las personas mayores, en las personas en situación de dependencia o cualquiera otras en las que el disfrute de los derechos queda limitado por la situación social.

Hoy mismo leía un artículo con un título sugerente “Don’t blame social workers. It’s the system that’s broken” (aquí) en el que al hilo de una comedia de un canal de TV sobre una trabajadora social del sistema de protección infantil y de un caso concreto se plantean toda una serie de cuestiones, especialmente sobre ética y derechos humanos.

Porque lo más sorprendente de esta dispersión legal, y también competencial, es que cuando todo falla, cuando se producen los más graves atentados a los derechos humanos en situaciones concretas, parece que entonces, y solo entonces, el mundo se vuelca en averiguar qué es lo que no han hecho los servicios sociales y, en especial, l@s trabajador@s sociales.

Como señalan Claudia Giménez y Xavier Valente (1) una visión de los derechos humanos en las políticas sociales nos permitiría tener una visión integral e intersectorial, permitiría centrarse en las causas y no en las manifestaciones (problemas o necesidades), impulsarían medidas dirigidas al cambio y no acciones asistencialistas, entre otras características. 

Pero, sobre todo, hay una de las características que me ha llamado la atención: el rol de participación que pasa de ser una estrategia a ser un objetivo, una meta y, también, una estrategia. Esto nos llevaría a hacer frente a algunas a las situaciones que se han comentado al hilo de la entrada de Belén Navarro antes comentada y también algunas otras: el rol de la comunidad. Si la participación es un objetivo, una meta, en las políticas sociales, las comunidades, las redes primarias pueden verse reforzadas en su papel y eso, a su vez, puede contribuir de manera significativa a la protección efectiva de los derechos de las personas más vulnerables.


Si incorporamos el enfoque de los derechos humanos se podrían articular respuestas más allá de la casuística y la protección en último momento, podría ser un camino para plantear, también, nuevas formas de intervención social pensando en positivo, en el disfrute de los derechos y no centradas en las carencias. En todo caso, me parece un camino a explorar, incluso aunque sea, al principio, con un cambio en el lenguaje porque el lenguaje construye las realidades y eso deberíamos recordarlo.


Notas:
(1) Giménez-Mercado, C., & Valente-Adarme, X. (2010). El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: ideas para un debate en ciernes. Cuadernos del CENDES, 27(74), 51-80.


sábado, 23 de diciembre de 2017

Pobreza bajo la lupa: ¿escrutinio fundamentado o simplemente discriminación?


"The immigrants", New York (Fotografía: Núria Fustier, 2007)

En las últimas semanas diversos artículos y entradas de blogs han abordado el tema de la pobreza y las diferentes medidas que se articulan para abordarla: desde las más estructurales a las más asistenciales. Un elemento común en muchas de estas aportaciones ha sido el trato que se dispensa a las personas que pretenden acceder a las ayudas sociales y el escrutinio al que son sometidos.

Pero me gustaría abordar el tema también desde otra perspectiva: tradicionalmente han sido las y los profesionales de los servicios sociales a quien se ha asignado la misión de contrastar la veracidad de las necesidades sociales, pero no tanto desde el análisis de las situaciones sociales complejas sino que se les ha encargado, sobretodo, la prueba de los medios que tienen las personas que solicitan ayudas sociales para determinar si son merecedoras de tales ayudas. Con la última crisis, esa que parece que ya se acaba pero que no termina de superarse, esta exigencia a profesionales de servicios sociales se ha incrementado e, incluso, formalizado. Se han aprobado normas que establecen que serán los Servicios Sociales quienes deberán acreditar la situación de necesidad para acceder, por ejemplo, a bonificaciones en los suministros (luz, agua...) pero, alerta!, porque el único criterio a evaluar (como mínimo en Catalunya) es el de los ingresos económicos.
Así pues, asignándoles estos encargos, acompañados habitualmente de abundante documentación, se limita a las y los profesionales sociales en el desarrollo de las funciones que les son propias (detección de vulnerabilidad o riesgo social, diagnóstico social, apoyo, acompañamiento, orientación...) para relegarlos a la prueba de medios en un ámbito que tiene más que ver con las funciones que deberían realizar los organismos de hacienda, tributarios o, incluso, de inspección del trabajo, que no con la funciones para las que Trabajador@s y Educador@s sociales se prepararon.
La argumentación esgrimida para estos controles siempre acaba centrándose en los presuntos abusos de las personas que solicitan las prestaciones sociales; ¿quién no ha visto en las redes sociales informaciones, presuntamente verídicas, donde se mostraba como algunas personas obtenían pingües ingresos de los Servicios Socials? Informaciones que no concuerdan con los datos que las memorias e informes sobre el Sistema de Servicios Sociales muestran.
Subyace una especie de presunción de culpabilidad, alguien lo llamó la criminalización de la pobreza, puesto que se invierte la carga de la prueba: cualquier persona que se dirige a los Servicios Sociales para solicitar una prestación social es percibido (no por los profesionales, obviamente) como  alguien que va a querer acceder sin merecerlo a unas prestaciones sociales que van librarles de la pobreza sin esfuerzo alguno, un presunto vividor.
En este proceso los primeros damnificados son, sin duda, las personas pobres que ven cómo deben justificar todas y cada una de las decisiones sobre gastos que hayan podido realizar (aunque la disyuntiva esté, en muchos casos, entre comer y pagar la vivienda o los suministros). Pero, querría recordar que las profesionales también se ven obligadas a realizar tareas que nada tienen que ver con su preparación y sus capacidades: recopilación de montones de documentos acreditativos de las más variadas situaciones, elaboración de informes, trámites engorrosos y todo ello sin que, en muchos casos, el criterio profesional tenga el más mínimo resquicio por el que colarse porque, al final, son los criterios normativos, siempre "objetivos", siempre "cuantificables" los que determinan el acceso a esas prestaciones. 
Como señalaba antes, la justificación de este control suele ser la necesidad de dar un buen uso a los fondos públicos, de asignarlos a quien realmente lo necesita y realizar un seguimiento estricto para garantizar estos extremos y, a priori, no estaríamos en desacuerdo con el control de los fondos públicos. Ahora bien, ¿este criterio se aplica de la misma manera siempre? 
He pensado que sería interesante ver qué sucede en otras situaciones y buscando una prestación que tuviera características similares, pero que dependiera de otro sistema, he encontrado la prestación farmacéutica del sistema sanitario que, como característica principal, se otorga directamente a las personas por parte de un profesional.

En la tabla se señalan similitudes y diferencias entre ambas prestaciones. Entre las primeras, la financiación pública y el hecho que la prescripción la realizan profesionales formados para identificar la situación y determinar la alternativa más adecuada en cada caso. En cuanto a las segundas podemos identificar los actores implicados y el procedimiento. Respecto a los actores se observa que el Sistema de Salud presenta variedad de actores que realizan funciones distintas en el proceso (prescribir, dispensar, fabricar y distribuir), mientras que en el caso de servicios sociales son distintos perfiles dentro del mismo sistema y, a menudo, es el profesional de la atención social quien realiza prácticamente todo el procedimiento. Pero, sin duda, la principal diferencia está en el procedimiento de prestación: mientras en la prestación farmacéutica solo se requiere la prescripción profesional (receta) de un producto incluido en el catálogo, en el caso de las prestaciones económicas de urgencia social se requiere una propuesta profesional, la acreditación de los medios y una aprobación supervisada o externa, incluso en el caso que exista una regulación o un catálogo. 
Pero, sigamos con la idea del control del gasto público, he buscado información sobre el gasto que comporta cada prestación y he encontrado los siguientes datos.



En la tabla se ve claramente la diferencia entre el gasto total de una y otra prestación; aún tomando como referencia el valor más alto por habitante en ayudas de urgencia social, correspondiente a los Círculos (municipios de Catalunya), no alcanza ni siquiera el 5% del gasto farmacéutico de Catalunya y estas diferencias abismales se repiten si tomamos como referencia la información de las Memorias del Plan Concertado para España y para Catalunya en relación al gasto farmacéutico, en este caso alcanza escasamente el 2%.
La diferencia entre el sistema de control en cada uno de ellos no parece que tenga que ver con el volumen del gasto público sino, únicamente, con los destinatarios de cada prestación. Así, mientras que las ayudas de urgencia social tienen unos únicos beneficiarios: las personas que las perciben. El caso de las prestaciones farmacéuticas, aún siendo los ciudadanos los destinatarios finales, tienen otros beneficiarios: la industria farmacéutica. Muestra de ello es el convenio firmado por los ministerios de Hacienda y de Sanidad con la patronal de la industria farmacéutica para mantener el gasto en medicamentos no genéricos (ver aquí). Y en relación al la preocupación por el gasto público se ha sabido recientemente que el Ministerio de Hacienda vincula que se cumpla este convenio para que las Comunidades Autónomas accedan al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) (ver aquí). 
En resumen, el escrutinio al que se somete a las personas que quieren acceder a una prestación social no tiene que ver con la voluntad de controlar, racionalizar y garantizar que el gasto público sea adecuado y justo, como se pretende justificar habitualmente cuando surge el debate sobre las prestaciones sociales. Hemos señalado un ejemplo que tiene paralelismos en cuanto al rol de los profesionales (porque más allá de tema del gasto público, queríamos señalar las diferencias en cuanto al rol profesional), pero encontraríamos muchos ejemplos en los que el control del gasto público no ha tenido gran importancia para realizar gastos muy relevantes. Así que la cuestión es porqué esconden bajo un aparente discurso racional y legal, lo que no deja de ser una muestra de discriminación hacia las personas pobres, discriminación basada en prejuicios y en una corriente de pensamiento que responsabiliza a las personas de sus necesidades sociales y desprecia el papel de la estructura social; es decir, que si una persona es pobre, o está en el paro, no tiene que ver con la situación social general sino con las habilidades y esfuerzos individuales y, se añade aún que la mera petición de ayuda social es el reconocimiento de la falta de capacidad para valerse de forma autónoma, no deja ser visto como un fracaso. 

Desde mi perspectiva es importante que, como profesionales, dispongamos de elementos que puedan contrarrestar los discursos fáciles y culpabilizadores que se hacen en contra de las personas que están en situaciones económicamente muy precarias debido, no a su voluntad, sino a un conjunto de factores que empiezan por el modelo económico y la estructura del mercado de trabajo. Desde esta perspectiva deberíamos trabajar en dos lineas: 
  • Defender un trato digno a las personas que requieren de las ayudas sociales, evitando escrutinios innecesarios y costosos a diversos niveles (emocionalmente para las personas que lo viven y económicamente para las instituciones que los impulsan). 
  • Reivindicar el rol de los profesionales en la prescripción de las prestaciones sociales de carácter económico; sería conveniente promover unos catálogos de prestaciones que fijaran unos márgenes pero que, a partir de ellos, sean los y las profesionales quienes tengan la capacidad de decidir sobre el más adecuado a cada situación. En el caso que se quisiera primar el criterio económico lo lógico sería establecer procesos administrativos, fuera del ámbito de actuación de los profesionales sociales. 
Nos queda mucho por hacer, buenos propósitos para el nuevo año.  




(1) Los Círculos de Comparación son una actividad promovida por la Diputación de Barcelona en la que participan 57 municipios (mayoritariamente de la provincia de Barcelona) que representan a 3.303.114 habitantes y uno de los indicadores clave es el gasto anual por habitante en ayudas de urgencia social

(2) Fuente de los datos de gasto farmacéutico: Para datos de España - EAE Business School (2016) El gasto farmacéutico en España 2016. En:http://static.correofarmaceutico.com/docs/2016/09/05/gasto-farmaceutico-2016.pdfpara datos de;Catalunya;http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/informes_facturacio/2016/facturacio_farmacia_12_16.pdf
(3) La información sobre ayudas sociales se ha obtenido para España y Catalunya de la Memoria del Plan Concertado 2015-2016; https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/MemoriaPlanConcertado_2015-16.pdf

martes, 21 de noviembre de 2017

Reflexiones sobre la formación en Trabajo Social

Librería y editorial Purrúa, Ciudad de México, homenaje a 117 años de actividad

Hace unos días participé en una mesa redonda organizada por la Cátedra de Servicios Sociales que está vinculada a la Universitat de Vic bajo el título “La oferta formativa en servicios sociales en Catalunya: hacia las competencias profesionales necesarias”.

La iniciativa partía de un estudio que han realizado en los últimos años sobre la formación que reciben los profesionales de los servicios sociales que se publicará en breve e invitaron a diversos profesionales con perfiles diversos a reflexionar sobre el tema. Como trabajadora social y, también, como profesora del Grado (aunque sea a tiempo parcial) el tema me parece que puede ser interesante.
Mi primera reflexión sobre el tema tiene que ver con el propio concepto y límites de los servicios sociales, hablar de formación de los profesionales sin abordar qué es lo que deben hacer es complejo. Por una parte, me parece difícil formar a profesionales para hacer la multiplicidad de tareas que actualmente tienen asignadas porque en la mayoría de las leyes de servicios sociales de nuestro entorno[1]  se le asigna una misión más propia del conjunto de políticas del estado de bienestar que de una de las políticas sectoriales.
Por otra parte, no debemos olvidar que las diversas profesiones de lo social (trabajador@s sociales, educador@s sociales, psicólog@s sociales.) pueden, y deben, intervenir en las otras políticas sociales sectoriales y que también deberíamos formarlas para ello; no tendría sentido formar trabajador@s sociales únicamente para el Sistema de Servicios Sociales y luego exigir que los otros sistemas los incorporen.
El reto, entonces, se centra en qué formación necesitan l@s profesionales para desarrollar sus funciones en un mundo tan amplio.
Señalaba recientemente Teresa Matus, en su ponencia en el Congreso de Mérida” que en el proceso de formación la “Focalización de áreas: familias, comunidad, organizaciones laborales, salud, vivienda, etc […] se entabla una suerte de competencia entre dicha focalización y las propuestas disciplinares. […] ‘Ser’ trabajador social tendría que ver mucho más con el ámbito en que se desempeña que en seleccionar posiciones al interior de un corpus de enfoques del Trabajo Social”.
Comparto con Teresa Matus la necesidad de centrarse en consolidar los conocimientos sobre los enfoques del Trabajo Social para después que cada profesional sea capaz de aplicarlos en distintos ámbitos de trabajo (dada mi experiencia me ceñiré a la formación en Trabajo Social, aunque posiblemente sea asimilable a las otras profesiones).
Para empezar, pienso que tenemos dos grandes etapas formativas: la inicial (es decir, los estudios de grado) y la formación continuada y, desde mi perspectiva, deberíamos repensar ambas etapas.
La formación básica es, como mínimo en el Trabajo Social que yo conozco, eminentemente teórica, pero, curiosamente, teórica de todo tipo de disciplinas que, si bien son necesarias para entender el contexto, son insuficientes para el desarrollo de la profesión. Mi experiencia, y algunos estudios recientes lo muestran y se comentó incluso en la mesa redonda a la que hacía referencia, parece que l@s trabajador@s sociales tienen una formación escasa en las teorías y modelos propios del Trabajo Social.
Vuelvo a Teresa Matus porque recoge un tema que, desde mi punto de vista, es clave: desde los estudios de Trabajo Social “La división disciplinar en caso, grupo y comunidad […] supone una clasificación de acuerdo a los supuestos ’sujetos’ que, ironizando, responde a dividir la disciplina según se trabaje con uno, algunos o muchos”. Dándole menos relevancia a los modelos teóricos, que pueden aplicarse en distintas circunstancias, y centrándose más en la intervención directa, en un enfoque que diría más metodológico.
Así pues, la primera conclusión que extraigo es que hay mucha formación teórica, pero de disciplinas variadas, necesarias sin duda (incluso deberíamos añadirle alguna más), pero con poca dedicación a la teoría propia de la disciplina.
Por otra parte, me gustaría referirme a las prácticas que, siendo importantes, no tienen el reconocimiento que deberían: otros estudios reconocen las prácticas como una actividad profesionalizadora en la que alumn@s en prácticas reciben un salario; esta práctica no se produce en Trabajo Social, pero aún más, no se reconoce a l@s profesional@s en activo que acogen a l@s alumn@s de ninguna manera; su acción no es valorada en los currículums o como méritos y la universidad (como institución) ni siquiera es consciente que cada curso, por ejemplo en Barcelona (ámbito de la UB) tiene 220 – 240 profesionales atendiendo a alumn@s de Trabajo Social, formándolos en su puesto de trabajo.
Pero sigamos adelante, tras la finalización de los estudios viene el proceso de incorporación al mundo laboral, este paso es como un lanzamiento en paracaídas, según donde caigas las cosas pueden ir de una manera u otra, porque no tenemos un modelo de incorporación de nuevos profesionales (niveles junior, semisenior y senior) que permita el complemento necesario a la formación académica.
Por otra parte, la formación académica es muy genérica y no es especialmente facilitadora de formación específica para funciones diversas y necesarias: dirección de servicios sociales, planificación y evaluación, por poner algunos ejemplos. Ni siquiera la formación complementaria académica (estudios de postgraduado) tiene tradición en estos ámbitos y tampoco destaca por su oferta en especialización en diversos ámbitos de intervención (con contadas excepciones, como la formación en Trabajo Social Sanitario); siempre me he preguntado ¿cómo es posible que exista una oferta diversa de formación para la dirección de centros residenciales o de entidades sin ánimo de lucro y no se encuentre fácilmente una formación similar para la dirección de los servicios sociales de atención primaria?
En resumen, una segunda conclusión, es que la formación para la incorporación al mundo laboral, incluyendo las prácticas, es limitada y no aborda muchos aspectos necesarios: desde la especialización (ahora sí) en ámbitos de intervención (salud, enseñanza, justicia…) como en funciones (dirección, planificación y evaluación)
Y para acabar, me gustaría hacer una mirada sobre la formación continuada, la que nos debería permitir estar al día de los avances en la profesión, podemos ver que hay un enfoque muy pragmático, muy instrumental de la profesión (perdonadme que hable por la formación que se da en mi área de influencia, tanto la que surge del colegio como la de otras entidades). No se encuentran cursos que revisen los marcos teóricos y los modelos de intervención que, tras la práctica en la vida laboral, seguro que veríamos de manera distinta a la forma en que los estudiamos (si lo hicimos) durante la carrera.
Como conclusión, querría decir que tengo la impresión que los cambios en los planes de estudios, especialmente el paso de diplomatura a grado, no han modificado sustancialmente su estructura en sus últimos años, pese a los cambios evidentes en el contexto (hecho que comparten con la mayoría de estudios universitarios, por lo que he podido ir viendo). Deberíamos ser capaces de pensar los estudios desde una perspectiva más de construcción del "saber" en Trabajo Social y dotar a l@s futur@s profesionales de las bases que les permitan la adaptación e incorporación de herramientas a cada momento del desempeño profesional, así como diversificar la oferta en formación continuada, tanto académica como de actualización.



[1] Como ejemplo la Ley 12/2007 de Servicios Sociales de Catalunya establece: “Los servicios sociales tienen como finalidad asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, en el marco de la justicia social y del bienestar de las personas” (art. 3).