La (des)protección ante el maltrato
(Foto: Núria Fustier, Santander, 2022)
Reflexiones sobre el caso de Juana Rivas y la (des)protección de sus hijos
Han pasado siete años (que se dice pronto si lo miramos desde la perspectiva de la vida de un@ niñ@) desde que el "caso" de Juana Rivas saltó a los medios de comunicación (y algunos más desde que empezó su periplo). Desde la lejanía física, pero con la cercanía del conocimiento del sistema(s) implicados me surge esta reflexión a partir de las recientes noticias provenientes de Italia y de las conversaciones con las compañeras de la BlogoTSfera para aportar simultáneamente nuestras aportaciones.
Han pasado más de 9 años (aproximadamente) del inicio de los distintos procesos judiciales que se iniciaron con una denuncia por maltrato que nunca fue tramitada (vaya usted a saber porqué) ni enviada a las autoridades italianas como correspondía porque los hechos sucedieron allí y es ahora cuando la Fiscalía italiana ha decidido acusar a la ex-pareja de Juana Rivas y padre de sus hijos por maltrato, cuando el hijo mayor ya es mayor de edad y queda solo el pequeño con el padre.
La situación de Juana y sus hijos ha combinado tres elementos que, a mi parecer, generaron la tormenta perfecta en su contra:
- Dos sistemas judiciales, en España e Italia, dirimiendo sobre el mismo tema, pero sin disponer de toda la información y, sobretodo, sin coordinación alguna (la denuncia que no se tramitó desde España porque había que traducirla es un buen ejemplo).
- La existencia de una situación previa de violencia machista denunciada y con sentencia que se obvia a lo largo de todo el proceso posterior, tanto en España (donde sucedió y no debería haberse obviado) com en Italia (donde ni se sabe si tenían conocimiento).
- Y el último y, para mí, especialmente relevante, un sistema de protección a la infancia desaparecido.
En el caso de Juana Rivas, desde que inició el proceso(s) judicial(es) siempre alegó la situación de maltrato a la que los sometía, a ella y a sus hijos, su ex-marido; había antecedentes como se ha comentado antes, pero no se tuvieron en cuenta y, además, se acusó a la madre de sustracción de menores por querer proteger a sus hijos. En el proceso italiano no se tuvo en cuenta ninguno de estos factores y se acusó a Juana de manipular a los hijos (un recurso bien conocido para dar la razón al maltratador); y en el proceso español, no solo se refrendó lo que el italiano sentenciaba, sino que se persiguió y procesó a Juana por un delito por el que acabó pasando varios meses en prisión (que podían haber sido más sin el indulto parcial).
Pero, a todo esto, ¿qué ha pasado con esos niños? Se vieron obligados a vivir con un padre maltratador y no lo dice solo Juana, ahora que el hijo mayor ha alcanzado la mayoría de edad ha avisado del peligro que supone su padre para su hermano pequeño, que sigue allí... declaraciones que coinciden con la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía italiana. Y en todo este tiempo, ¿quien se preocupó por esos niños?
Desde el Trabajo Social sabemos que es muy difícil incidir en los sistemas judiciales y más aún si, como en este caso, el encargado del caso se resiste en su deber de imparcialidad y se muestra claramente a favor de una de las partes (recordemos que acaban de abrir juicio contra ese juez por su manifestaciones públicas de carácter racista y misógino y por insultos a diferentes personas).
Los juzgados, todos, deberían contar con profesionales del Trabajo Social que aporten una evaluación de las situaciones que afectan al bienestar de las personas. L@s profesionales de la judicatura son expert@s en legislación, pero hay muchos aspectos sobre los que no tienen un conocimiento experto; nadie pone en duda la necesidad de peritos para evaluar situaciones económicas complejas, por ejemplo; pero parece que nadie cuestiona que se tomen decisiones sobre el bienestar de las personas sin una evaluación experta, bien con profesionales en la propia Administración de Justicia, bien con peritos externos.
Pero, volviendo al caso de Juana y sus hijos, quizás lo más sorprendente desde la perspectiva del Trabajo Social, es que entre la gran cantidad de personas e instituciones que se implicaron en los momentos cruciales del proceso, no se vio al sistema de protección a la infancia. Eso no quiere decir que no participase, pero sí que no se le visibilizó y no se ha podido contrastar qué papel jugó.
En todo caso, la cuestión es ¿debería haber intervenido? ¿el sistema de protección a la infancia era el adecuado para hablar y escuchar a esos niños? Como decía al principio, la actuación de las instituciones debe regirse por el principio del "interés superior del menor", aquel que busca su mayor bienestar. Ahora bien, además de su madre (y quienes la apoyaron) ¿quién se preocupó por ellos? y más aún ¿quién les devolverá los años robados por el maltrato del padre? ¿quién responderá por no haberlos protegido? Porque la sensación, a partir de una suma de casos diversos, es que las decisiones de los sistemas sobre los niños, niñas y adolescentes, aunque les perjudiquen, no son responsabilidad de nadie. Si fijamos el límite de la infancia y adolescencia en los 18 años, mayoría de edad, pensemos lo que suponen 3, 4 o 7 años en la vida de un niño de unos 10-12 años, que es la edad aproximada que tiene el hijo pequeño.
Para una adecuada protección de la infancia es necesario tener una visión que rompa con la hegemonía patriarcal que cala en todas las instituciones. Leía que los servicios sociales italianos, a mismo tiempo que la Fiscalía italiana constataba las múltiples agresiones a los niños, emitía un informe considerando que Juana era perjudicial para sus hijos porque insistía en las denuncias, recurría al socorrido concepto de "manipulación". Es decir, no se trata solo del sistema judicial, que el sistema social también presenta sesgos importantes: si la mujer no sigue "las orientaciones" sobre el proceso a seguir o sobre los recursos que el/la profesional de turno considera adecuados se cuestiona su capacidad para atender y proteger a sus hijos y, al contrario, como hemos visto en el caso italiano, si los protegen pueden acabar siendo acusadas y condenadas incluso por "manipulación". En resumen, las mujeres son las culpables hagan lo que hagan ante los ojos de algunos profesionales porque "no encajan" en su esquema prefabricado de cómo debe ser y comportarse una madre.
Es imprescindible una actuación del Trabajo Social a la luz de las teorías feministas que cuestionan en sistema androcéntrico, pero, también, bajo otros marcos teóricos que parten de la revolucionaria idea que a las personas hay que escucharlas y comprenderlas y que se deben respetar sus preferencias y sus principios, destacando sus fortalezas y su capacidad de resiliencia. En el ámbito social ya hace unos años que se habla de la "atención centrada en la persona", pero a menudo parece que solo se debería aplicar cuando hay personas mayores o en situación de dependencia o discapacidad, como si el resto de las personas no mereciesen ese modelo que parte del reconocimiento de la dignidad y de los derechos de la persona.
Y, para acabar, me pregunto ¿qué podría haber pasado si un@ trabajador@ social, desde estas perspectivas teóricas, hubiese podido atender, valorar, acompañar y dar apoyo a Juana y sus hijos? ¿Habría cambiado algo? ¿Se les podría haber "ahorrado" algunos años de maltrato a esos niños? Quiero pensar que la respuesta sería afirmativa.
Desde BlogoTSfera varias compañeras han hecho análisis sobre estos hechos desde perspectivas distintas; si queréis conocerlas, recomiendo su lectura:
- "El mundo (judicial) al revés: ¿y el trabajo social?" de María José Aguilar
- "A los 11 años me arrancaron de los brazos de mi madre, Juana Rivas. Viví un infierno" de Inmaculada Asensio (Inmaculada Sol)
- "Juana Rivas, la violencia institucional y la función del Trabajo Social" de Karina Fernández d'Andrea.
- "Daniel" de Belén Navarro
Felices Fiestas!!
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