¿Soportaría el sistema de servicios sociales un análisis desde los Derechos Humanos?

Muro de Berlín, 2017 (foto: @NFustier)

En el actual debate sobre los servicios sociales se está poniendo sobre la mesa, no sólo el rol de este sistema sino, también, qué papel deberían jugar otros sistemas que o bien no están o bien no cubren las necesidades de la ciudadanía. En ese debate deberíamos tener una única referencia: la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Uno de los fenómenos asociados a la Navidad es el de la proliferación de las actividades solidarias que nos acechan en casi cada esquina. No es que esté en contra de la solidaridad, ni mucho menos, pero sí que me genera un cierto malestar que la solidaridad esté circunscrita a un período de tiempo concreto del año.

Esos fenómenos solidarios se dirigen, desde hace años, a cubrir aspectos muy básicos de las necesidades de las personas; aspectos que deberían estar incluidos en las políticas sociales de un Estado de bienestar medianamente serio y desarrollado.

En este mismo contexto, como señalan muy acertadamente Belén Navarro (aquí) y Pedro Celiméndiz (aquí) hay una tendencia a simplificar la complejidad de la sociedad que no ayuda a entender el problema sino que supone, básicamente, asignar culpas y responsabilidades; así aquello que es visto un fallo se solventa buscando culpables: primero, la propia persona y después los servicios sociales, que parecen ser el "punching ball" para analistas superficiales.

En mi opinión hemos de seguir trabajando sobre la conceptualización de los servicios sociales: el eterno debate sobre su objeto y sobre sus límites. Hemos de desarrollar las técnicas y tecnologías para hacerlos más adecuados a las necesidades de la sociedad. Además, pienso que este trabajo debemos realizarlo conjuntamente todos los actores implicados, empezando por los y las profesionales que participamos en el sistema actualmente. Cuando seamos capaces de consensuar qué servicios sociales queremos, entonces podemos empezar la segunda fase: su reconocimiento y formalización mediante las normas que sean necesarias. 

En mi opinión, en la misma línea de simplificar lo complejo se apunta como solución la promulgación de una ley común para resolver la situación en la que se encuentran los servicios sociales. Regular aquello para lo que no hay una conceptualización teórica que tenga un consenso técnico importante (o que haya varias y se pueda generar debate entre esas orientaciones y concepciones) nos lleva a repetir en las normas las incoherencias que vamos arrastrando. Así pues, pese a ir introduciendo una actualización en el lenguaje, seguimos identificando los servicios sociales como el sistema que ha de garantizar la cobertura de las necesidades sociales y estas las definimos, por ejemplo, como aquellas que permiten una vida digna. De esos barros, estos lodos: si nos asignamos objetivos que serían más adecuados para el conjunto de las políticas sociales, no nos extrañemos que nos asignen la culpabilidad de todo cuanto no funcione.

En un encuentro reciente con técnicos y responsables de América Latina y el Caribe me agradó escuchar cómo se plantean las políticas sociales en términos de derechos humanos: no se trata ya de la voluntariedad en la legislación local, se trata de compromisos adoptados por los estados ante la comunidad internacional. Y se añadía que el cumplimiento de los Derechos Humanos es medible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no son más que la materialización de los Derechos Humanos. 

Estas aportaciones me hicieron pensar en lo poco que hablamos de los Derechos Humanos (excepto en días señalados) y que menos aún hablamos de la Agenda 2030, como si no fuera con nosotras. 

En los servicios sociales estamos atrapados en el día a día de necesidades perentorias pero casi no podemos pensar con perspectiva, porque no hay espacio para esa perspectiva. 

Quizás, en vez de plantearnos el debate en términos de "necesidades sociales", deberíamos cambiar el foco y leerlo desde los Derechos Humanos y, a partir de ahí, con el instrumento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus indicadores, centrarnos en diseñar e implementar políticas que garanticen el respeto a los Derechos Humanos. La división en sectores ha de ser un instrumento para actuar no una excusa para culpabilizar. 

Entender las necesidades en términos de Derechos Humanos debería modificar la percepción que lleva a ese atracón de acciones solidarias que se concentran en estas épocas: está bien ser solidario, pero la solidaridad no puede sustituir la garantía de los derechos más básicos, los Derechos Humanos, que es obligación de los poderes públicos.

El objeto de las políticas sociales, de todas, no son más que los Derechos Humanos y garantizar la protección de los Derechos Humanos no puede, ni debe, ser competencia de un solo ámbito de actuación (uno de los "pilares" del sistema de bienestar) o de una o unas pocas disciplinas: es necesario sumar el esfuerzo de todas para alcanzar el bienestar de las sociedades y no dejarse a nadie por el camino.