martes, 12 de noviembre de 2013

El vestido nuevo del emperador


Hace unos días leí esta noticia, y las reacciones en las redes sociales, que me hizo reflexionar sobre la actitud de los responsables políticos en un momento tan crítico como éste para la credibilidad de las instituciones.

En los últimos años la ciudadanía ha puesto la lupa en el número, el papel y la capacidad de los directivos públicos, junto con el de los políticos. Estas semanas diferentes medios de comunicación han intentado averiguar, buceando en los proyectos de presupuestos para el próximo año, la cantidad de dinero público destinado a lo que llaman "asesores", así como su número y retribución, y parece que no consiguen toda la información.

Parto de la base que toda organización necesita un cuerpo directivo, con diferentes niveles. En las administraciones públicas el más alto nivel de dirección está formado por los representantes políticos que, generalmente, se dota de un grupo de personas para ejercer la alta dirección técnica; personas que quieren poder elegir ya que deben ser capaces de captar y transformar las propuestas, iniciativas e inquietudes de los cargos electos.

¿Por qué esta situación se ha convertido en uno de los objetivos de las críticas al actual sistema político y de la administración? En un contexto de crisis económica y de fuertes recortes sobre los sistemas de servicios públicos que, en la práctica, suponen para una buena parte de la ciudadanía la imposibilidad de disfrutar de derechos, parece razonable esperar que los responsables políticos se comporten de acuerdo con la situación y, más aún, muestren una mayor sensibilidad y transparencia.

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007 reguló el "directivo público profesional" estableciendo que debía ser designado de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, bajo  criterios de idoneidad y mediante publicidad y concurrencia. Pero, el EBEP dejaba a las diferentes administraciones la regulación y desarrollo de este marco general; y, seis años después, aún no se ha desarrollado la normativa necesaria.

La Associació Catalana de Gestió Pública, en sus congresos de 2002 y 2006, planteó la necesidad urgente de disponer de un marco normativo para el espacio de dirección pública. Actuando en consecuencia han elaborado una propuesta de Estatuto de la Dirección Pública de Catalunya que presentaron ante los responsables de la Generalitat y ante otros agentes, recibiendo una buena acogida. Incluso organizaron un debate con los partidos políticos antes de las últimas elecciones al Parlament de Catalunya con el fin de presentar el proyecto y pedirles su opinión y compromiso para impulsar aquesta normativa.

Pero pasa el tiempo y los representantes políticos no parece interesados en implicarse en un tema que, más allá de las interioridades de las diferentes administraciones, se ha convertido en blanco de la ciudadanía y de los medios de comunicación por su opacidad. Como decía antes, parece lógico que, en un momento de descrédito como el actual, se esforzasen un poco en ganar la confianza de aquellos que, finalmente, son quienes le han puesto en el lugar que ocupan. Francisco Longo se preguntaba, en un artículo de hace ya un año, ¿Quién tiene miedo del directivo público?

Y leyendo los argumentos a favor de emprender una acción decidida para regular, por fin, el espacio de dirección pública y viendo las resistencias, no he podido evitar recordar el cuento infantil del vestido del emperador y preguntarme: ¿No será que los responsables políticos prefieren que los traten como al emperador del cuento? ¿Será que prefieren creerse los mejor vestidos pese a ir absolutamente desnudos?




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